Conoce cuáles son las normas que rigen en los procesos inmobiliarios

Lunes 28 de Marzo del 2022

En el sector inmobiliario existe varias normas, leyes y decretos que rige todos los procesos que se realizan; por eso es muy importante conocer las normas que se manejan para conocer cuáles son los beneficios tanto de los propietarios como de los arrendatarios, por tanto, te mostraremos cuáles son esas normas.

DECRETO 1789 DE 2004:

Por el cual se establecen disposiciones en relación con las sociedades especializadas en arrendamiento a fin de que estas enfoquen sus esfuerzos en el desarrollo de la actividad constructora. Ley 820 de 2003: Esta norma tiene como objeto fijar los criterios que regulan los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, en desarrollo de los derechos de los colombianos a una vivienda digna y a la propiedad con función social.

DECRETO 3130 DE 2003:

Aplicable a los contratos celebrados para el arrendamiento de vivienda urbana, teniendo en cuenta aspectos como el pago de los servicios públicos, contrato de arrendamiento, depósitos y otros aspectos referentes al arrendamiento de este tipo de inmuebles.

LEY 820 DE 2003:

Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones para regular los contratos de arrendamiento. Se hace énfasis en la promoción de los derechos de los colombianos, a una vivienda digna y a la propiedad con función social.

DECRETO 2223 DE 1996:

Por el cual se señalan normas que garantizan la participación activa de la comunidad en el cumplimiento de los compromisos del Pacto Social de Productividad, Precios y Salarios.

LEY 242 DE 1995:

Esta Ley modifica las normas legales que tienen en cuenta el comportamiento pasado del Índice de Precios al Consumidor como factor de reajuste de multas, valores catastrales, rangos, cuantías y cánones, y en su lugar establecer criterios que hacen referencia a la meta de inflación, con el objeto de ajustar la legislación de manera que sirva de instrumento para la desindización de la economía, de conformidad con el Pacto Social de Productividad, Precios y Salarios. Además, determina la forma como deberá tenerse en cuenta la meta de inflación en la expedición de normas por parte del Gobierno Nacional y las Administraciones Distritales, Municipales y Departamentales.